Lineamiento publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación 

del 15 de abril de 2016 

 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

 la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 

 

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Reforma publicada en el DOF el 29/07/2016 

Artículo Sexagésimo segundo; Artículo Sexagésimo tercero; Artículo quinto transitorio 

 

Reforma publicada en el DOF el 18/11/2022 

Se reforman los lineamientos segundo, séptimo, octavo, décimo, décimo tercero, décimo 
cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, 
trigésimo segundo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, 
trigésimo noveno, cuadragésimo, cuadragésimo cuarto, capítulo VIII, quincuagésimo, 
quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo, quincuagésimo tercero, quincuagésimo 
cuarto, quincuagésimo quinto, quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo, 
quincuagésimo octavo, quincuagésimo noveno, sexagésimo primero, sexagésimo 
segundo, sexagésimo tercero; se adiciona el lineamiento décimo sexto bis; y se derogan 
los lineamientos tercero y sexto. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primero. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios 
con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la 
información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de 
expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 

 

El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

 

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por: 

 

I. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose 
del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, 
estatuto orgánico respectivo o equivalente y tratándose de las personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán 
aquellas que sean integrantes de la estructura de los sujetos obligados a la que se 
le confieren atribuciones específicas en materia de transparencia y acceso a la 
información; 
II. Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones: Instancia ordinaria del Sistema 



Nacional establecida en la fracción I del artículo 27 de los Lineamientos para la 
organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales; 
III. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la referida 
en la Ley Federal y en las legislaciones locales, que tiene entre sus funciones las de 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de la 
información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
IV. Consejo Nacional: El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 
V. Días hábiles: Todos los del año, a excepción de los sábados, domingos e inhábiles 
en los términos de los acuerdos que para tal efecto emitan los organismos garantes; 


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VI. Formatos abiertos: El conjunto de características técnicas y de presentación de la 
información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de 
forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están 
disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte 
de los usuarios; 
VII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
VIII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
IX. Lineamientos: Los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; 
X. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de 
los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace 
referencia el artículo 49 de la Ley General; 
XII. Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier 
medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales; 
XIII. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar los 
sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el 
interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
XIV. Prueba de interés público: La argumentación y fundamentación realizada por los 
organismos garantes cuando exista una colisión de derechos, mediante un ejercicio 
de ponderación, tendiente a acreditar si el beneficio de la entrega de información 
clasificada favorece al interés público o por el contrario debe privilegiarse la 
clasificación; 


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XV. Registros Públicos: Los organismos de naturaleza pública que tienen como función, 
la inscripción de determinados actos y hechos jurídicos, que conforme a la ley 
establezcan este requisito para surtir efectos ante terceros, otorgando certeza, 



legalidad, autenticidad y seguridad jurídica sobre los mismos, a través de la 
publicación registral; 
XVI. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
federal, de las entidades federativas y municipal; 
XVII. Testar: La omisión o supresión de la información clasificada como reservada o 
confidencial, empleando sistemas o medios que impidan la recuperación o 
visualización de ésta, y 
XVIII. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, 
en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas 
de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través 
de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia. 


 

Tercero. Se deroga. 

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CAPÍTULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN 

 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o 
parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto 
de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo 
dispuesto en la Ley General. 

 

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de 
acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia. 

 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar 
y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

 

Sexto. Se deroga. 

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Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

 


I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 


 

 

II. Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante 
competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o 


 

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III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las 
entidades federativas. 


 

Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la 
recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra 
en una causal de reserva o de confidencialidad. 

 

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Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, 
inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano 
que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. 

 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales 
que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. 

 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá 
comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la 
Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, 
así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de 
reserva. 

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Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes 
o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública 
fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo 
los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 

 

Décimo. Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del 
personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos 
clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los 
conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información 
clasificada, en los términos de la Ley General de Archivos, Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable. 

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En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada 
por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto 
obligado. 

 

Décimo primero. En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio 
de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la 
leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los 
presentes lineamientos. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS 

 

Décimo segundo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados elaborarán 
semestralmente un índice de los expedientes clasificados como reservados, por área 
responsable de la información y tema. Dichos índices deberán publicarse en el sitio de 
internet de los sujetos obligados, así como en la Plataforma Nacional en formatos abiertos 
al día siguiente de su elaboración. 

 

Décimo tercero. A efecto de mantener actualizado el índice de los expedientes clasificados 
como reservados, previsto en el artículo 102 de la Ley General, los titulares de las áreas lo 
elaborarán, lo harán de conocimiento al Comité de Transparencia y lo publicarán dentro de 
los primeros quince días hábiles de los meses de enero y julio de cada año, según 
corresponda, en formatos abiertos. 

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Décimo cuarto. Los índices de los expedientes clasificados como reservados deberán 
contener: 

 

I. El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó y/o conserve la información; 


 

II. El nombre del documento; 


 

III. Fracción del numeral séptimo de los presentes lineamientos que da origen a la 
reserva; 


 

IV. La fecha de clasificación; 


 

V. El fundamento legal de la clasificación; 


 

VI. Razones y motivos de la clasificación; 


 

VII. Señalar si se trata de una clasificación completa o parcial; 


 

VIII. En caso de ser parcial, las partes del documento que son reservadas; 



 

IX. En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la 
clasificación; 


 

X. El plazo de reserva y si se encuentra o no en prórroga; 


 

XI. La fecha en que culmina el plazo de la clasificación; 


 

XII. Las partes o secciones de los expedientes o documentos que se clasifican; y 


 

XIII. El índice de expedientes clasificados como reservados deberá indicar únicamente la 
información cuya reserva se encuentre vigente al momento de su elaboración, 
debiéndose eliminar del índice aquella que haya sido desclasificada. 


 

 

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CAPÍTULO IV 

 

DE LA DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Décimo quinto. Los documentos y expedientes clasificados como reservados serán 
públicos cuando: 

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 


 

II. Expire el plazo de clasificación, salvo cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de 
carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera 
a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General 
salvo que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo 
de reserva de la información; en cuyo caso, el Comité de Transparencia respectivo 
deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, 
debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo 
de reserva propuesto; por lo menos, con tres meses de anticipación al vencimiento 
del periodo; 


 

 

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa 
de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o 


 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de 
conformidad con lo señalado en el presente Capítulo. 


 

 


Décimo sexto. La desclasificación puede llevarse a cabo por: 

 

I. El titular del área, cuando haya transcurrido el periodo de reserva, o bien, cuando no 
habiendo transcurrido éste, dejen de subsistir las causas que dieron origen a la 
clasificación; 


 

II. El Comité de Transparencia, cuando determine que no se actualizan las causales de 
reserva o confidencialidad invocadas por el área competente; o 


 

 

III. Por los organismos garantes, cuando éstos así lo determinen mediante la resolución 
de un medio de impugnación. 


 

La clasificación y desclasificación de la información que generen o custodien las instancias 
de inteligencia e investigación a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 43 de la Ley 
General, deberá apegarse a los términos previstos en la misma y a los protocolos de 
seguridad, y resguardos establecidos para ello. 

 

Décimo sexto Bis. En la aplicación de la prueba de interés público prevista en el artículo 
149 de la Ley General, para determinar la desclasificación de información protegida producto 
de una colisión de derechos, los organismos garantes atenderán, con base en elementos de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, lo siguiente: 

 

I. Deberán realizar un análisis de las circunstancias fácticas del caso 


 

II. Deberán evitar, siempre que sea posible, la protección absoluta de un derecho y el 
completo sacrificio del otro, buscando una decisión que tome en cuenta un punto de 
justo equilibrio. 


 

Una vez realizada la ponderación de los intereses en conflicto, determinarán la existencia 
de una causa de interés público que prevalezca sobre la protección de la información, y 
acreditarán que el beneficio de su divulgación es mayor que su clasificación. 

 

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CAPÍTULO V 

 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o 
potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando: 

 

I. Se quebrante la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el 



artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 


 

II. Se atente en contra del personal diplomático; 


 

III. Se amenace o ponga en riesgo la gobernabilidad democrática porque se impida el 
derecho a votar o a ser votado, o cuando se obstaculice la celebración de elecciones; 


 

IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y 
cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para 
la seguridad nacional; 


 

V. Se vulneren las acciones para evitar la interferencia extranjera en los asuntos 
nacionales; 


 

VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad 
nacional; 


 

VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para 
combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad 
de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, 
sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de 
materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 
destrucción masiva; 


 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 
carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de 
comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la 
seguridad nacional; 


 

IX. Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o 
enfermedades exóticas en el país; 


 

X. Se difundan las actas o documentos generados en las sesiones del Consejo de 
Seguridad Nacional y actualice alguna de las amenazas previstas en la Ley de 
Seguridad Nacional, o que 


 

XI. Se entreguen los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante 
resolución judicial, así como la información producto de una intervención de 
comunicaciones privadas autorizadas, conforme a las disposiciones previstas en el 
Capítulo II del Título III de la Ley de Seguridad Nacional, y constituyan alguna de las 
amenazas previstas en dicha Ley. 


 


Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la 
seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad 
Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen. 

 

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, 
al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados 
y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el 
ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
público. 

 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer 
los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar 
o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de 
las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de 
comunicaciones. 

 

Décimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada que compromete la defensa nacional, aquella 
que difunda, actualice o potencialice un riesgo o amenaza que ponga en peligro las misiones 
generales del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México, relacionadas con la 
defensa del Estado mexicano, para salvaguardar la soberanía y defender la integridad, y 
permanencia del territorio nacional. 

 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus planes, o uso de 
tecnología, información y producción de los sistemas de armamento y otros sistemas 
militares incluidos los sistemas de comunicaciones. 

 

Vigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella que de difundirse menoscabe: 

 

I. El curso de las negociaciones internacionales, entendiéndose por éstas el diálogo 
entre las autoridades mexicanas y los representantes de otros Estados u organismos 
internacionales, destinadas a alcanzar un objetivo de carácter internacional. Para tal 
efecto, se deberá acreditar lo siguiente: 
a) La existencia de una negociación en curso; 
b) Identificar el inicio de la negociación; 





 


c) La etapa en la que se encuentra, y 
d) Tema sobre el que versa. 





 

II. Las relaciones internacionales entre México y otros Estados u organismos 
internacionales, entendiéndose éstas como los vínculos que se crean, modifican o 
extinguen, entre diversos sujetos que ejercen su acción e influencia más allá de las 
fronteras estatales y mediante los cuales se favorece una convivencia armónica entre 
dichos sujetos, conformándose como el medio para solucionar diversos problemas 
que dificultan la realización de esa convivencia. Para tal efecto, se deberán señalar 
los aspectos generales de la relación con ese Estado o Estados u otro sujeto de las 
relaciones que salgan del Estado mexicano y la incidencia de la información sobre 
los aspectos particulares de esa relación. 


 

La prueba de daño deberá acreditar, además, el grado de afectación de la relación 
internacional expresando las consecuencias económicas, políticas, sociales, aspectos 
migratorios, en su caso y señalar si existen casos previos en que el otorgamiento de una 
información similar haya afectado una relación del Estado mexicano con otro sujeto de 
derecho internacional. 

 

Vigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella que haya sido entregada al Estado mexicano 
expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho 
internacional. 

 

Para determinar si la información ha sido entregada al Estado mexicano con carácter de 
confidencial, se deberá acreditar por parte de los sujetos obligados alguno de los siguientes 
requisitos: 

 

I. Que existan datos ciertos y verificables que demuestren la voluntad expresa e 
inequívoca de que la información proporcionada al Estado mexicano sea 
considerada como confidencial. 


 

En ningún caso se tendrá la confidencialidad por implícita o tácita, ni tampoco servirá 
para estos efectos analogía o mayoría de razón alguna, o 

 

II. Que la confidencialidad de la información surja de una norma del derecho 
internacional vigente y aplicable al caso concreto; o del documento constitutivo o las 
reglas de operación del organismo internacional de que se trate. 


 

En ambos casos se deberá precisar la fuente, validez y condiciones de aplicación de la 
norma en cuestión; su compatibilidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano. 

 

Vigésimo segundo. Podrá clasificarse la información como reservada con fundamento en 


lo previsto en el artículo 113, fracción IV de la Ley General, cuando se acredite un vínculo 
entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Se menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el 
funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su 
conjunto; 


 

II. Se comprometan las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 
moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el 
sano desarrollo del sistema financiero o el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos; 


 

 

III. Se otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones en la estabilidad de los 
mercados, incluyendo los sistemas de pagos, o 


 

IV. Se genere incumplimiento de las obligaciones de un participante en un sistema de 
pagos que dé lugar a que otros participantes incumplan, a su vez, con sus 
respectivas obligaciones que pueda afectar seriamente al sistema financiero. 


 

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el 
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o 
varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o 
salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial 
daño o riesgo que causaría su difusión. 

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Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 


 

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 


 

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes, y 


 

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 


 

Vigésimo quinto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella cuya difusión pueda obstruir o impedir 


el ejercicio de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes para recaudar, 
fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en términos de las 
disposiciones normativas aplicables. 

 

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al 
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o 
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 

 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades 
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación 
en trámite; 


 

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 


 

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los 
tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 


 

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

 

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 


 

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 


 

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y 


 

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación. 


 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la 
última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado 
sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

 

 


En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de 
tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora 
deberá consultar a la responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso 
a la información solicitada. En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar respuesta 
a la solicitud de información. 

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Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para 
fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos: 

 

I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite; 
II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad; y 
III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las 
autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el 
procedimiento de responsabilidad. 


 

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Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido 
proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de 
la misma en el proceso, y 
IV. Que con su divulgación se menoscaben los derechos del debido proceso. 


 

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Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite; 


 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento; y 


 

III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro 
del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 



 

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Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido 
en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; 
esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al 
particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir 
con la garantía de audiencia, y 


 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 


 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 

 

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las 
averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, 
durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o 
su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos 
de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado 
y la reparación del daño. 

 

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de 
una ley le otorgue tal carácter siempre que no se contravengan las bases, principios y 
disposiciones establecidas en la Ley General o las previstas en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter y acreditar la afectación que la 
divulgación de la información traería a los fines por los que se reserva la información. 

 

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Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el 
artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

 

I. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal 
aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento 
específico del presente ordenamiento y cuando corresponda, el supuesto normativo 



que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 


 

II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al 
interés público o a la seguridad nacional; 


 

III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico 
tutelado de que se trate; 


 

IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la 
información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos 
señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada 
generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información 
se difunda; 


 

V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la 
información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el 
perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de 
documentos o expedientes; y 


 

VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán 
especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los 
aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el 
objetivo de brindar certeza al solicitante. 


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Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de 
cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el 
Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva. 

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Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente 
necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a 
la clasificación, salvaguardando el interés público protegido. 

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Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva 
determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño. 

 

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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre 
y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. 


 

 

Trigésimo quinto. Para ampliar el periodo de reserva de la información, el titular del área 
del sujeto obligado deberá hacer la solicitud de ampliación del periodo de reserva al Comité 
de Transparencia con tres meses de anticipación al vencimiento del mismo, a través del 
sistema que para tal efecto se incluya en la Plataforma Nacional, en el que deberá señalar, 
como mínimo: 

 

I. Los documentos o expedientes respecto de los cuales expira el plazo de reserva; 


 

II. La fecha en que expira el plazo de reserva de dichos documentos o expedientes; 


 

III. Las razones y fundamentos por las cuales se reservó originalmente la información, 
así como la aplicación de la prueba de daño donde se expresen las razones y 
fundamentos por las cuales se considera que debe de seguir clasificada, mismos que 
deberán guardar estrecha relación con el nuevo plazo de reserva propuesto, y 


 

IV. Señalar el plazo de reserva por el que se solicita que se amplíe, el cual no puede 
exceder de cinco años; así como el acta donde el Comité de Transparencia haya 
aprobado la ampliación del plazo antes citado. 


 

Trigésimo sexto. Para los casos previstos por la fracción II del Lineamiento Décimo quinto, 
el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al 
organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de 
daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 

 

El Pleno de los organismos garantes deberá resolver la solicitud de ampliación del periodo 
de reserva dentro de los 60 días siguientes, contados a partir de aquél en que recibió la 
solicitud. 

 

El Pleno de los organismos garantes, cuando así lo estime necesario, podrá requerir, a 
través del sistema que para tal efecto se implemente en la Plataforma Nacional, dentro de 
los cinco días contados a partir de la recepción de la solicitud de ampliación del periodo de 
reserva, para que entreguen la información que permita a los organismos garantes contar 
con más elementos para determinar sobre la procedencia o no de la solicitud de ampliación. 
Los sujetos obligados, darán contestación al requerimiento antes citado en un plazo de 
cinco días contados a partir de la recepción del requerimiento. 

 

El plazo mencionado en el segundo párrafo del presente numeral se suspenderá, hasta en 
tanto no se cuenten con los elementos necesarios para determinar la procedencia de la 
solicitud de la ampliación del periodo de reserva, y se reanudará una vez que el 
requerimiento haya sido desahogado por los sujetos obligados. 

 

En caso de negativa de la solicitud de ampliación del periodo de reserva, el sujeto obligado 


deberá desclasificar la información. 

 

La falta de respuesta por parte del organismo garante será considerada como una afirmativa 
ficta y el documento mantendrá el carácter de reservado. 

 

Trigésimo séptimo. No podrá invocarse el carácter de reservado de la información 
cuando: 

 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos; 


 

II. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano, las resoluciones emitidas por organismos 
internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano, así como 
en las disposiciones legales aplicables; o 


 

III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior, en función 
del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y 
competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público 
o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; 


 

IV. Se deroga. 


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CAPÍTULO VI 

 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial: 

 

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de 
manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las 
siguientes categorías: 


 

1. Datos identificativos: El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, 
teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de 
pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, 
localidad y sección electoral, y análogos. 
2. Datos de origen: Origen, etnia, raza, color de piel, color de ojos, color y tipo de 
cabello, estatura, complexión, y análogos. 
3. Datos ideológicos: Ideologías, creencias, opinión política, afiliación política, 



opinión pública, afiliación sindical, religión, convicción filosófica y análogos. 
4. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
historial médico, referencias o descripción de sintomatologías, detección de 
enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones 
quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos 
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, estado físico o mental de la 
persona, así como la información sobre la vida sexual, y análogos. 
5. Datos Laborales: Número de seguridad social, documentos de reclutamiento 
o selección, nombramientos, incidencia, capacitación, actividades 
extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud de 
empleo, hoja de servicio, y análogos. 
6. Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas, 
inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, 
beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y 
análogos. 
7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona 
que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, 
fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos. 
8. Datos académicos: Trayectoria educativa, avances de créditos, tipos de 
exámenes, promedio, calificaciones, títulos, cédula profesional, certificados, 
reconocimientos y análogos. 
9. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de 
las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria, cédula 
migratoria, visa, pasaporte. 
10. Datos electrónicos: Firma electrónica, dirección de correo electrónico, código 
QR. 
11. Datos biométricos: Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de 
iris, reconocimiento de la geometría de la mano, reconocimiento vascular, 
reconocimiento de escritura, reconocimiento de voz, reconocimiento de 
escritura de teclado y análogos. 


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II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte; y 


 

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 


 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 


acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los integrantes de los sujetos 
obligados facultados para ello. 

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Para el tratamiento de los datos biométricos, los sujetos obligados deberán de implementar 
los sistemas biométricos que sean necesarios para su debida utilización y protección. 

 

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Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona física identificada 
o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares. 

 

En caso de que el titular de los datos o su representante realice una solicitud de acceso a 
la información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos obligados deberán 
reconducir la solicitud y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio del derecho 
a la protección de datos personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la 
identidad o personalidad del mismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 

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En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los datos contengan 
información pública, además de sus datos personales, no deberá testarse ésta. 

 

Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de terceros que 
obren en una fuente de acceso público o en un registro público, los sujetos obligados en 
cumplimiento al principio de finalidad deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél 
en el que se encuentre la información y la obtenga mediante el procedimiento establecido 
para tal fin. 

 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para 
clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan 
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son 
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo 
fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, 
entre otra, es la siguiente: 

 

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 


 

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que únicamente le incumba a su titular, por 
ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, 
acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus 
modificaciones o actas de asamblea. 


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Cuadragésimo primero. Será confidencial la información que los particulares proporcionen 
a los sujetos obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros 
administrativos o aquellos que contengan información relativa al estado civil de las 
personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra 
forma que permita la identificación inmediata de los involucrados, o conduzcan, por su 
estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación individual de los mismos, 
en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

 

Cuadragésimo segundo. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, independientemente de la prohibición de los fideicomisos secretos, señalada en el 
artículo 394, fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para clasificar 
la información por secreto fiduciario o bancario, deberán acreditarse los siguientes 
elementos: 

 

I. Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las operaciones 
referidas en la Ley de Instituciones de Crédito; 


 

II. Que se refiera a datos o información que se obtenga o genere con motivo de la 
celebración de dichas operaciones; 


 

III. Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta 
o para intervenir en la operación o servicio, y 


 

IV. Que refiera a información cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 


 

Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios 
en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto fiduciario, sin perjuicio 
de que se actualice alguna de las demás causales de clasificación que se prevén en la Ley 
General y en las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Cuando en un sujeto obligado concurra tanto el carácter de institución bancaria o cuenta 
habiente, en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar la 
información relativa a operaciones bancarias. 

 

Se entenderán como operaciones fiduciarias, aquellas que se realicen en virtud de 
fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, así como fideicomisos, 
mandatos o análogos que involucren recursos públicos en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 


 

Cuadragésimo tercero. En el caso de los fideicomisos privados que involucren recursos 
públicos se deberá otorgar acceso a la información únicamente por lo que se refiere al 
ejercicio de dichos recursos. 

 

Los sujetos obligados deberán establecer en los instrumentos por los que se formalice la 
aportación de recursos públicos, la obligación de quienes lo reciben, de presentar los 
informes relativos a su ejercicio. 

 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse 
los supuestos siguientes: 

 

I. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 


 

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II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado 
los medios o sistemas para preservarla; 


 

III. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, y 


 

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o 
perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 


 

Cuadragésimo quinto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, para clasificar la información por secreto fiscal se deberá acreditar que se trata de 
información tributaria, declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación a cargo del personal de la autoridad fiscal que interviene en los trámites 
relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y los 
organismos fiscales autónomos; así como las autoridades fiscales estatales y municipales, 
en el ámbito de su competencia, podrán clasificar la información que obtengan en virtud de 
los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, así como del 
ejercicio de sus facultades de comprobación. 

 

Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en 
materia tributaria no podrán clasificar la información relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal, sin perjuicio de 


que dicha información pueda ubicarse en algún otro supuesto de clasificación previsto en 
la Ley General, en la ley federal y en las leyes de las entidades federativas. 

 

Cuadragésimo sexto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, para clasificar la información por secreto bursátil, los sujetos obligados que 
realicen operaciones o presten servicios de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, 
deberán acreditar que: 

 

I. La información esté relacionada con las operaciones que realizan o los servicios que 
proporcionan, y 


 

II. Sea requerida por una persona diversa al cliente, comitente, mandante, 
fideicomitente, fideicomisario, beneficiario, representante legal de los anteriores, o 
quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la 
operación o servicio. 


 

Cuadragésimo séptimo. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, podrá clasificarse por secreto postal toda aquella información que se encuentre 
relacionada con los usuarios del servicio público de correos y de los servicios diversos, de 
conformidad con la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales 
sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa 
que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 

 

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por 
parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, 
requerir al particular titular de la misma autorización para entregarla, conforme a los plazos 
establecidos en la normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será 
considerado como una negativa. 

 

No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de 
la Ley General. 

 

Cuadragésimo noveno. En la aplicación de la prueba de interés público para otorgar 
información clasificada como confidencial por razones de seguridad nacional y salubridad 
general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, de 
conformidad con el último párrafo del artículo 120 de la Ley General, los organismos 
garantes en el ámbito de sus respectivas competencias atenderán, con base en elementos 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, lo siguiente: 

 


I. Deberán acreditar el vínculo entre la información confidencial y el tema de seguridad 
nacional, salubridad general, o protección de derechos de terceros; 


 

II. Que el beneficio del interés público de divulgar la información es mayor que el 
derecho del titular de la misma a mantener su confidencialidad; 


 

III. Deberán citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable de la Ley General o las 
leyes que le otorguen el carácter de confidencial a la información, vinculándola con 
el Lineamiento específico del presente ordenamiento; 


 

IV. Precisarán las razones objetivas por las que el acceso a la información generaría un 
beneficio al interés público; 


 

V. En la motivación de la desclasificación, deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que justifiquen el interés público de conocer la información, y 


 

VI. Deberán elegir la opción de acceso a la información que menos invada la intimidad 
ocasionada por la divulgación, la cual será adecuada y proporcional para la 
protección del interés privado, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información. 


 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN 

 

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Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus 
propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o 
expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así 
como en las correspondientes Leyes Generales. 

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Quincuagésimo primero. Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener: 

 

I. El número de sesión y fecha; 
II. El nombre del área que solicitó la clasificación de información; 
III. La fundamentación legal y motivación correspondiente; 
IV. La resolución o resoluciones aprobadas; y 
V. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia. 


 

Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la 
clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos: 

 

I. Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la 
prueba de daño; 



II. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial; 
III. El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y 
IV. El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, 
en su caso. 


 

En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o 
anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante. 

 

En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la 
clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos 
protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo. 

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Quincuagésimo segundo. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de 
documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las 
áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar 
que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la 
sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité. 

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En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos 
que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán: 

 

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I. Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de 
Transparencia confirmó dicha versión; 


 

II. Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en 
cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y 


 

III. Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada. 


 

En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del 
archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información 
confidencial. 

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Quincuagésimo tercero. El formato para señalar la clasificación de un documento o 
expediente que contenga información reservada, es el siguiente: 

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Concepto 

Dónde: 




Sello 
oficial o 
logotipo 
del sujeto 
obligado 

 

Fecha de clasificación 

Se anotará la fecha en la que el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación del 
documento o expediente, en su caso. 

Área 

Se señalará el nombre del área del cual 
es titular quien clasifica. 

 

 

 

Información reservada 

Se indicarán las partes o páginas del 
documento que se clasifican como 
reservadas, o, en su caso, se precisará 
que se ha reservado el documento o 
expediente en su totalidad. 

 

Periodo de reserva 

Se anotará el número de años o meses por 
los que se mantendrá reservado el 
documento, el expediente o, en su caso, 
las partes o secciones reservadas. 

 

Fundamento legal 

Se señalará el nombre del ordenamiento, 
el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) 
con base en los cuales se sustente la 
reserva. 

 

 

Ampliación del periodo de 
reserva 

En caso de haber solicitado la ampliación 
del periodo de reserva originalmente 
establecido, se deberá anotar el número 
de años o meses por los que se amplía la 
reserva. 



 

Rúbrica del titular del área 

Rúbrica autógrafa o firma digital de quien 
clasifica. 

 

 

Fecha de desclasificación 

Se anotará la fecha en que se 
desclasifica el documento. 

Rúbrica y cargo del servidor público 

Rúbrica autógrafa o firma digital de quien 
desclasifica. 



 

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Los documentos que integren un expediente reservado en su totalidad no deberán marcarse 
en lo individual. 

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Una vez desclasificados los expedientes, si existieren documentos que tuvieran el carácter 
de reservados deberán permanecer o ser marcados. 

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Quincuagésimo cuarto. Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de 
documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al 
expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la 
carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia 
en la que se confirmó dicha clasificación. 

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Quincuagésimo quinto. Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una 
o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada 
elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, 
verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes 
Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de 
Transparencia. 

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CAPÍTULO IX 

 

DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 

 

Quincuagésimo sexto. Cuando la elaboración de la versión pública del documento o 
expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, genere costos 
por reproducción por derivar de una solicitud de información o determinación de una 
autoridad competente, ésta será elaborada hasta que se haya acreditado el pago 
correspondiente. 

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Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá 
omitirse de las versiones públicas la siguiente: 

 

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley 
General y las demás disposiciones legales aplicables; 
II. El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus 
firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades 
conferidas para el desempeño del servicio público, y 


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III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los 
sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los 
servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos. 


 

Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las 
leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano. 

 

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios 


empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal 
forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma. 

 

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SECCIÓN I 

 

DOCUMENTOS IMPRESOS 

 

Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 
impresa, deberá fotocopiarse o digitalizarse y sobre éste deberán testarse las palabras, 
párrafos o renglones que sean clasificados. 

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La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de tal forma 
que no permita la revelación de la información clasificada. 

 

SECCIÓN II 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, deberá 
crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se elabore la versión pública, 
eliminando las partes o secciones clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar 
documentos electrónicos contenido en el Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar 
documentos electrónicos". 

 

Sexagésimo primero. En la parte del documento donde se hubiese ubicado originalmente 
el texto eliminado, deberá insertarse un recuadro cubriendo los datos a testar o caracteres 
que los sustituyan, de manera que no puedan advertirse letras, números o signos que 
delaten el contenido, en dicho recuadro se deberá establecer el tipo de información 
suprimida en ese mismo espacio o, en su defecto, al margen o al final del documento. 

 

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En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se realizará la impresión 
respectiva. 

 

SECCIÓN III 

 

DE LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN CASOS DE EXCEPCIÓN 

 

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas elaboradas por las áreas para efectos de 


dar cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en los Títulos Quinto 
de la Ley General, Tercero de la Ley Federal y las análogas de las leyes locales de 
transparencia, bastará con que sean confirmadas por el Comité de Transparencia, 
conforme a las disposiciones aplicables para la elaboración de versiones públicas y la 
debida fundamentación y motivación, contenida en una misma resolución, enlistándolas 
por número de expediente o dato que identifique al documento que se trate. 

 

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Sexagésimo tercero. En el caso de la elaboración de versiones públicas para el 
cumplimiento de obligaciones de transparencia, el área del sujeto obligado podrá designar 
“responsables del testado”, que se encarguen de verificar que la información confidencial o 
reservada se encuentra debidamente suprimida, resguardada o cubierta conforme a la 
determinación del Comité de Transparencia. 

 

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SECCIÓN IV 

 

DE LAS ACTAS, MINUTAS, ACUERDOS Y VERSIONES ESTENOGRÁFICAS 

 DONDE INTERVENGAN SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Sexagésimo cuarto. Además de los requisitos establecidos con anterioridad, las versiones 
públicas de las actas, minutas, acuerdos o versiones estenográficas de reuniones de trabajo 
de los sujetos obligados cumplirán con lo señalado a continuación: 

 

I. Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas por los sujetos obligados, el 
orden del día será público; 
II. Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rúbricas de todos los 
participantes en el proceso deliberativo y de toma de decisiones de las reuniones de 
trabajo, cuando se trate de servidores públicos u otros participantes; 
III. Los procesos deliberativos de servidores públicos concluidos, hayan sido o no 
susceptibles de ejecutarse, serán públicos en caso de no existir alguna causal 
fundada y motivada para clasificarlos y no requerirán el consentimiento de los 
servidores públicos involucrados para darlos a conocer, y 
IV. La discusión, particularidades y disidencias, se consideran información pública, así 
como el sentido del voto de los participantes. 


 

SECCIÓN V 

 

DE LAS CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES. 

 

Sexagésimo quinto. Las concesiones, permisos o autorizaciones deberán considerarse 
públicas, independientemente de su vigencia. 

 


Sexagésimo sexto. Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse una versión pública de 
las concesiones, permisos o autorizaciones, en la que no podrá testarse aquella información 
que acredite el cumplimiento de obligaciones previstas para la obtención, renovación o 
conservación de la concesión, permiso o autorización de que se trate, salvo aquella 
información que se encuentre clasificada como confidencial. 

 

CAPÍTULO X 

 

DE LA CONSULTA DIRECTA 

 

Sexagésimo séptimo. Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega 
de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información 
que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas 
o confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las 
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 

Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal 
encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde 
la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que 
obra. 

 

Sexagésimo noveno. En caso de que no sea posible otorgar acceso a la información en la 
modalidad de consulta directa ya sea por la naturaleza, contenido, el formato del documento 
o características físicas del mismo, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento para 
el acceso a la consulta directa y, de ser posible, ofrecer las demás modalidades en las que 
es viable el acceso a la información. 

 

Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta 
directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar 
lo siguiente: 

 

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora 
en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso 
de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto 
obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la 
respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los 
días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 
II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia 
de acceso en la lengua indígena requerida; 
III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la 
consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio 
de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del 
personal que le permitirá el acceso; 



IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de 
los documentos; 
V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten 
necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de 
conformidad con las características específicas del documento solicitado, tales 
como: 
a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad 
del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores 
condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa; 
b) Equipo y personal de vigilancia; 
c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
d) Extintores de fuego de gas inocuo; 
e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los 
documentos o expedientes a revisar; 
f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la 
consulta directa, y 
g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas 
a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del 
solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y 
motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 


 

Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia del 
personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 
asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, 
al efecto, emita el Comité de Transparencia. 

 

El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya 
hecho de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 

 

Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 

 

Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá 
llevarse a cabo. 

 

Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el 
solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a 


ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud 
de información. 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 
veinte hojas simples. 

CAPÍTULO XI 

 

DE LA INTERPRETACIÓN 

 

Septuagésimo cuarto. Los organismos garantes y, en su caso la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, serán los encargados de interpretar los presentes 
lineamientos y de resolver cualquier asunto no previsto en los mismos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes lineamientos deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

 

SEGUNDO. Hasta en tanto el Sistema Nacional establezca los lineamientos para la 
implementación de la Plataforma Nacional y ésta entre en operación, los presentes 
lineamientos se deberán publicar en los sitios de internet de los integrantes de dicho sistema 
bajo el seguimiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

TERCERO. Una vez que esté en funcionamiento la Plataforma Nacional, publíquese los 
presentes lineamientos en la misma, por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional. 

 

CUARTO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

QUINTO. Hasta en tanto el Sistema Nacional de Transparencia establezca los lineamientos 
para la implementación de la Plataforma Nacional y ésta entre en operación, los organismos 
garantes y los sujetos obligados en el ámbito federal, de las entidades federativas y 
municipios, realizarán la publicación los índices de expedientes clasificados como 
reservados y las solicitudes de ampliación del periodo de reserva, a las que se refieren los 
lineamientos décimo segundo, y trigésimo sexto, respectivamente a través de los medios 
que determine para tal efecto el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

La primera publicación de los índices de expedientes clasificados como reservados, que 
deberá efectuarse de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se 


realizará en enero de 2017 e incluirá la información comprendida de mayo de 2016 a 
diciembre del mismo año. 

 

 

Dicha publicación deberá realizarse de conformidad con el procedimiento que se disponga 
en los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Artículo Reformado DOF 29/07/2016 

 

SEXTO. Una vez que entren en vigor los presentes lineamientos quedan derogadas las 
disposiciones que se opongan a los mismos. 

 

SÉPTIMO. Las referencias que se realicen en los presentes lineamientos, respecto de las 
denominadas unidades de transparencia en términos de lo dispuesto en el artículo 3, 
fracción XX, de la Ley General, se entenderán como las actuales unidades de enlace, en 
tanto el Congreso de la Unión no expida la ley federal en la materia y se armonicen las 
respectivas leyes locales. 

 

OCTAVO. Las referencias que se realicen en los presentes lineamientos, respecto de los 
denominados comités de transparencia en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción 
IV de la Ley General, se entenderán como los actuales comités de información, en tanto el 
Congreso de la Unión no expida la ley federal en la materia y se armonicen las respectivas 
leyes locales. 

 

ANEXO 1 DEL LINEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 

 

http://www.dof.gob.mx/imagenes_diarios/2016/04/15/MAT/inai2a12_Cimg_6221.png

 

 

s 

ANEXO 2 DEL LINEAMIENTO 

 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

 

http://www.dof.gob.mx/imagenes_diarios/2016/04/15/MAT/inai2a12_Cimg_74531.png 


Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su primera sesión 
extraordinaria de dos mil dieciséis, celebrada el dieciocho de marzo del presente año, en la 


Ciudad de México, lo que se certifica y se hace constar, con fundamento en los artículos 31 
fracción XI de la Ley General; 12 fracción XII y 13 fracción VII del Reglamento del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

 

La Presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora.- 
Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
Federico Guzmán Tamayo.- Rúbrica. 

 

 

 

 


 

 

ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo 
tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas. 

________________________________________________________________________ 


 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29/07/2016 

 

PRIMERO. Se aprueba la modificación a los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo 
tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, de 
conformidad a los Acuerdos CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/2016-03 y 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/2016-04, propuestos por la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia en su sesión celebrada el 
11 de julio del año en curso, para quedar en los siguientes términos: 

………… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos, como administrador general de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
desarrollará las herramientas tecnológicas para implementar el Sistema de Índice de 
expedientes clasificados como reservados, en términos del décimo segundo y décimo 
cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique el presente Acuerdo en el 
Diario Oficial de la Federación y a los integrantes del Sistema Nacional para su publicación 
en sus respectivas páginas electrónicas. 

 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su sesión celebrada el quince 
de julio de dos mil dieciséis, en la Ciudad de México, lo que se certifica y se hace constar, 
con fundamento en el artículo 12 fracción XII y 13 fracciones VII y VIII del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales. 

 

La Presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora.- 
Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
Federico Guzmán Tamayo.- Rúbrica. 


 

Acuerdo que reforma diversos artículos a los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas 

______________________________________________________________________________ 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18/11/2022 

 

PRIMERO. Se aprueba REFORMAR los lineamientos segundo, séptimo, octavo, décimo, 
décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, 
vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo segundo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, 
trigésimo séptimo, trigésimo octavo, trigésimo noveno, cuadragésimo, cuadragésimo 
cuarto, capítulo VIII, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo, 
quincuagésimo tercero, quincuagésimo cuarto, quincuagésimo quinto, quincuagésimo 
sexto, quincuagésimo séptimo, quincuagésimo octavo, quincuagésimo noveno, 
sexagésimo primero, sexagésimo segundo, sexagésimo tercero; ADICIONAR el 
lineamiento décimo sexto bis; y DEROGAR los lineamientos tercero y sexto de los 
“LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS”. 

 

Esta reforma se aprueba en los términos de los Acuerdos 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-17/05/2022-06 y CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-
10/10/2022-03, de conformidad con el documento que, como Anexo Único forma parte 
integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, a 
publicar el presente Acuerdo y su Anexo Único en el Diario Oficial de la Federación, así 
como en el portal de internet del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, mismos que estarán disponibles 
para su consulta en los vínculos electrónicos siguientes: 

 

www.dof.gob.mx/2022/INAI/Acuerdo-CONAIPSNTACUERDOORD02-10102022-
03.pdf 

 

https://snt.org.mx/wp-content/uploads/Acuerdo-CONAIPSNTACUERDOORD02-
10102022-03.pdf 

 

 

De manera adicional, envíese a las direcciones de correos electrónicos institucionales de 
los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales a través de la dirección de correo del Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia (oscar.guerra@inai.org.mx). 


 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

Único. - El presente Acuerdo entrará en vigor a los 60 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada el 10 de octubre de 2022, de manera remota, lo que se certifica y se 
hace constar, con fundamento en el artículo 12 fracción XII y 13 fracciones VII y VIII del 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

La Presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena.- 
Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford.- Rúbrica.